Sáb. May 18th, 2024

Departamento de Estado de EEUU expuso a elementos de seguridad en México por violaciones a derechos humanos

Homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios son algunos de los delitos que elementos de seguridad de México habrían cometido durante el 2022, según el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU).

Según el reporte 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico, no sólo miembros del Ejército Mexicano, también policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los Derechos Humanos (DDHH) a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia. Mismos que, destacó, han contribuido a la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamientos a los presuntos responsables.

“Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil”, señaló en la introducción del informe tras repasar la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Abusos en la impartición de justicia han incrementado las tasas de impunidad. (REUTERS/Jasiel Rubio)Abusos en la impartición de justicia han incrementado las tasas de impunidad. (REUTERS/Jasiel Rubio)

Homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas

De ese modo, el Departamento de Estado dio a conocer que los “informes fidedignos” en cuestión de violación de DDHH incluyeron homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, tales como el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato o el de la niña Heidi Mariana Pérez por una bala perdida tras un tiroteo iniciado por elementos de la Defensa Nacional (Sedena) — dependencia que, recordó, habría persuadido económicamente a la familia para retirar los cargos.

Otro ilícito mencionado fue el de las desapariciones forzadas en las que se acusa una presunta colusión entre grupos delincuenciales con autoridades y cuyas investigaciones, enjuiciamientos y condenas “fueron raras”. En ese sentido, señaló vacíos informativos en las bases de datos federales y estatales, así como fragmentación en los sistemas forenses: “El volumen de casos sin resolver era mucho mayor que los sistemas forenses eran capaces de manejar”.

Este punto se relaciona con los informes recibidos por presunta complicidad entre agentes del gobierno con bandas criminales, cuyos crímenes quedaron en gran parte sin investigar o perseguir.

Asimismo, el Departamento abundó en las detenciones arbitrarias, específicamente, para los procedimientos de arresto y tratamiento, así como la prisión preventiva: “Las autoridades no siempre liberaron rápidamente a las personas detenidas ilegalmente”, externó respecto a esta última.

“La ley establece límites de tiempo y condiciones para la prisión preventiva, pero las autoridades federales a veces no los cumplieron porque el número de casos excedía con creces la capacidad del sistema judicial federal”.

Por dahemont

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