Por mayoría de 455 votos a favor y 25 abstenciones por parte del PT, la Cámara de Diputados aprobó la denominada «Ley 3 de 3 contra la violencia«, que busca frenar las candidaturas de violentadores de mujeres.
La reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución suspende los derechos políticos de aquellos hombres deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores, para imposibilitarlos a acceder a un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.
«Hoy es un día histórico, desde ahora solo podrán ocupar cargos las personas congruentes con el bienestar de las personas más importantes en la familia que son nuestros hijos», señaló la diputada de Morena, Lidia García Anaya.
Mientras que el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Cházaro, aseguró que quien es capaz de violentar a su esposa, a su pareja, a sus hijas o a sus hijos, no pueden ni deben ocupar cargo alguno en el gobierno ni participar en la toma de decisiones que afectan a nuestro país: «Porque si una persona es capaz de transgredir a su primer círculo de confianza y amor, no será capaz de cumplir ninguna responsabilidad encomendada».
Durante la sesión, y de manera sorpresiva, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, presentó una moción suspensiva bajo el argumento de que si bien, este dictamen es políticamente correcto, «tiene problemas de fondo».