El gobierno del ultraliberal Javier Milei, derogó este lunes cerca de 70 normas sobre control de precios, abastecimiento y otras exigencias burocráticas sobre el sector privado, en su afán por desregular la economía argentina y favorecer la libre competencia.
La medida, sin embargo, despoja al Estado de las herramientas para evitar una aceleración descontrolada de precios en un país que convive desde hace años con la inflación.
La Secretaría de Comercio derogó 69 disposiciones que estaban bajo su órbita, algunas impuestas desde fines de la década de 1990, con el objetivo de «profundizar la libertad de mercado, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo».
Entre las normas eliminadas, figuran el programa «Precios Cuidados» que establecía precios de referencia para productos de consumo masivo y otro de precios máximos para productos de la canasta básica.
Al mismo tiempo, liberó a los supermercados de tener que informar a la Secretaría de Comercio sobre la variación promedio semanal de precios y a los frigoríficos de reportar semanalmente sobre precios y cantidades vendidas.
«Estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país», indicó la dependencia oficial.
Argentina reportó en diciembre una inflación mensual de 25,5% y cerró 2023 con una variación interanual de 211,4%, la peor medición de los últimos 32 años.
Para aliviar al sector privado de burocracia, la Secretaría de Comercio eliminó requerimientos de información relativos al costo de servicios que regían sobre instituciones privadas de educación y prestadores de servicios médicos privados, rubros que tienen fuerte incidencia sobre el aumento del costo de vida.
Los gobiernos populistas que antecedieron a Milei consideraban que la rentabilidad de las empresas debía estar en equilibrio con el poder adquisitivo de la mayoría de la población y en tal sentido fijaban un tope a los aumentos de cuotas, como un claro ejemplo de la intervención estatal sobre la economía que Milei se propone combatir.
A partir de ahora, las escuelas privadas y universidades y prestadores de medicina prepaga ya no tendrán la obligación de informar a las autoridades el valor de la cuota mensual que se fija de manera libre.
Milei confía que la inflación empezará a ceder en el segundo trimestre del año en la medida que pueda llevar adelante sus reformas económicas. Parte de su plan está empantanado en el Congreso por la negativa de la oposición a convalidar varias de sus iniciativas.