La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, externó hoy su preocupación por los señalamientos, por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra jueces, y advirtió que ello puede derivar en «hostigamientos y abusos».
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la relatora de la ONU se declaró preocupada por «el presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo [mexicano] para estigmatizar y tachar de ‘corruptos’ a determinados operadores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales».
Además, Satterthwaite recalcó que «un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños a causa de su trabajo o del contenido de sus decisiones y sentencias independientes».
Junto con su hilo en X, la relatora remitió a una carta con fecha del 16 de abril de 2024, enviada al gobierno de López Obrador, solicitando atender, con carácter de «urgente», las denuncias sobre «la presunta intimidación de jueces y presunta injerencia en la independencia judicial a través de ataques verbales, incluyendo amenazas, que emanan de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno».
La carta señala directamente a López Obrador, a los legisladores de Morena y a la Procuraduría General de la República de haber «agredido verbalmente y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuales estarían aparentemente en desacuerdo».
Menciona específicamente casos como el del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, a quien, denunció la relatora, «el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana lo acusó de ‘favorecer a delincuentes’ y, sin proporcionar contexto ni explicar los razonamientos jurídicos» de Osorio en sus decisiones.
Los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Samuel Ventura Ramos y Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo y Soyla Rosa Cárdenas Bahena estarían en la misma situación, dijo Satterthwaite.
La relatora pidió al gobierno de López Obrador información facilitar respecto a las acusaciones y sobre las salvaguardias adoptadas por su gobierno para garantizar que los señalamientos lanzados contra los jueces, principalmente en el espacio de Las Mañaneras, «son exactas».
La experta pidió una respuesta «en un plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se hará pública a través del sitio web de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que «se presentará al Consejo de Derechos Humanos».
Además de pedir a López Obrador que tome las necesarias para que ese tipo de acusación, de haber ocurrido, se repitan, advirtió que expresaría públicamente, como está haciendo en X, sus preocupaciones. «Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata... La opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas».