Ecuador declaró el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes, según un decreto presidencial emitido el jueves.
Debido a una «grave conmoción interna y conflicto armado interno», el estado de excepción regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, así como en la amazónica Orellana y en Quito, además de en la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (sur andino).
El decreto considera que en esas áreas se registra un «incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados».
La resolución incluye el toque de queda por siete horas, a partir de las 22H00 locales (03H00 GMT), en poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellana, además de Ponce Enríquez.
En septiembre concluyó el estado de excepción que estuvo vigente por 90 días en seis provincias.
En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio
Ante una violenta arremetida del narco en enero, el mandatario declaró al país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
En los últimos años, las bandas ecuatorianas, con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023 de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El gobierno estimó el jueves que el accionar de policías y militares ha permitido que los grupos armados «hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país, y debilitado sus estructuras».
«Sin embargo buscan otras formas de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia», señaló.