La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el combate al delito de desaparición es una prioridad nacional para el Gobierno de México, por lo que se implementarán seis acciones inmediatas destinadas a abordar el problema de personas desaparecidas y no localizadas.
Asimismo, aseguró que en el caso de Teuchitlán, Jalisco, no habrá impunidad, y reafirmó el compromiso de su administración para brindar certeza y verdad a las familias afectadas, apoyándose en la evidencia científica para esclarecer los hechos y perseguir a los responsables.
«Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y, por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado», aseveró.
Dentro del marco del Humanismo Mexicano, Sheinbaum recalcó la importancia de brindar atención a las víctimas de desaparición, así como garantizar su acceso a la justicia y al bienestar; para ello, su administración trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, actuando con sensibilidad y empatía hacia quienes buscan a sus seres queridos.
Entre las acciones que se implementarán de manera inmediata se destacan las siguientes:
1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante un decreto que amplía su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición de tecnología avanzada para la búsqueda de personas.
2. Envío de iniciativas de reforma al Congreso de la Unión, que incluyen:
- Reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como fuente única de identidad y facilitar la identificación de indicios de vida de personas desaparecidas.
- Reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear la Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que integrará registros administrativos y forenses a nivel nacional.
3. Incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República.
4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal.
5. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.
