La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará el 30 de abril y el 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito tras asaltar la Embajada mexicana para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), el 5 de abril.
El máximo tribunal de Naciones Unidas, situado en La Haya, dedicará dos días de audiencias a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países, después de que las autoridades ecuatorianas asaltaran la embajada, donde se refugiaba Glas, a quien el gobierno mexicano había dado asilo unas horas antes.
México inició este caso argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, y la inviolabilidad de una misión diplomática” mexicana en Quito.
Pero antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicitó a la CIJ exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”.
Además, cree que la Corte debería instar al Gobierno ecuatoriano a permitir que México “despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos”, y que “no se tome ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión” que la CIJ pueda emitir sobre el fondo de la disputa.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el lunes que no se arrepiente de haber ordenado ese asalto de la embajada mexicana.
Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que “fue una decisión muy difícil de tomar”, pero que lo hizo porque su Gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales.