Un comité de expertos de la ONU en derechos de los niños urgió este jueves a México declarar como causa nacional la lucha contra los homicidios de mujeres y niños, que investigue y sancione estos casos, incluso cuando han sido cometidos por las fuerzas del orden, así como las desapariciones forzadas de menores.
«Pedimos que sea de la mayor prioridad y que se tomen medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones de niños, incluidas las desapariciones forzadas, y que haya una búsqueda inmediata y se elimine el periodo de espera de 72 horas», señaló el órgano de Naciones Unidas.
El Comité de los Derechos del Niño presentó hoy a la prensa sus conclusiones de la revisión que hizo de la situación de varios países en su última sesión, celebrada en Ginebra entre el 26 de agosto y el pasado día 13.
En otro pasaje de sus conclusiones sobre México, el Comité aborda las amenazas que pueden sufrir los hijos de defensores de los derechos humanos y medioambientales por las actividades de éstos últimos y pide a las autoridades que se les proteja de actos violentos o de una eventual detención.
Por otra parte, el Comité también expresa gran preocupación por la «alta prevalencia» de violencia sexual, especialmente violaciones, que afectan sobre todo a niñas indígenas, así como por los abusos sexuales en los colegios y por parte de personal religioso de la Iglesia Católica.
Lamenta la falta de investigaciones adecuadas y de medidas para que los responsables respondan por este tipo de actos.
De manera particular, el Comité pide al Gobierno mexicano que lidere una investigación formal e independiente, con todos los poderes, sobre los abusos sexuales de menores en el contexto de la Iglesia Católica.
Plantea que los objetivos sean identificar los fallos en las instituciones estatales que permitieron estos abusos, identificar a las víctimas y establecer mecanismos para que sean indemnizadas.
Asimismo, el Comité pide por los niños indígenas y niños discapacitados que pueden haber sido víctimas de violencia y distintos tipos de abusos, y se recomienda crear canales de denuncia accesibles, confidenciales, eficaces y adaptados a los niños.
El informe identifica como «práctica dañina» que se sigan registrando matrimonios infantiles, sobre todo en áreas regules y comunidades indígenas, así como una «tasa elevada» de uniones informales de adolescentes.