Secretaría de Salud deja al final a laboratorios mexicanos para pago de deuda
En medio de las negociaciones entre el gobierno federal y la industria farmacéutica para saldar el adeudo multimillonario que heredó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum, los laboratorios mexicanos parecen estar al final de las prioridades.
En las últimas semanas, el gobierno logró reducir de 12 mil millones a 8 mil millones de pesos la deuda que se arrastra desde 2022 con las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), organización integrada por 186 miembros, entre ellos gigantes como Pfizer, Sanofi, Novartis, Roche, Merk, GlaxoSmithKline y Johnson & Johnson.
Son alrededor de 4 mil millones de pesos los que ha logrado pagar el sector salud a los grandes laboratorios, lo que les permitirá tener mayor liquidez para producir los medicamentos que las autoridades sanitarias encargaron a contrarreloj para el periodo 2025-2026.
Sin embargo, en las negociaciones con la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que agrupa a las 47 empresas de capital nacional —entre ellos Laboratorios Pisa, Liomont, Silanes y Sanfer— no ha habido una reducción a los mil 500 millones de pesos que quedó a deber el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que heredó sus compromisos financieros a IMSS-Bienestar.
A diferencia de las grandes cadenas multinacionales, la mayoría de los laboratorios mexicanos son pequeñas empresas cuya subsistencia depende de los contratos con el gobierno. El adeudo de las autoridades federales con las firmas mexicanas pone en riesgo no sólo la producción de medicamentos que se puso en marcha a principios de año, sino la viabilidad financiera de los negocios.
